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Boletín de prensa 11 de mayo de 2011
EL TIEMPO
CONCEJOS APOYAN REELECCIÓN DE ALCALDES, PERO RAJAN A ACTUALES
Desaprueban la gestión en seguridad y movilidad, según encuesta de 'Concejo, cómo vamos'.
Aunque la ley aún no lo permite, el 54 por ciento de los concejales del país está de acuerdo con que se establezca en el país la reelección de alcaldes. El 42 por ciento la desaprueba.
En Bogotá, dicho escenario lo aprueba el 60 por ciento de los cabildantes, mientras el 40 por ciento lo rechaza.
Así lo revela la primera gran encuesta sobre estas corporaciones, impulsada por el programa 'Concejo, cómo vamos', que entrevistó a 196 concejales en 10 capitales, a través de la firma Cifras y Conceptos S. A.
Esta radiografía, llamada 'La percepción del poder local', fue realizada entre el 28 de marzo y el 29 de abril, en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Neiva, Popayán y Villavicencio, e indagó sobre las agendas de las corporaciones y las próximas elecciones regionales.
Los resultados evidencian que los problemas de seguridad y movilidad no son exclusivos de Bogotá. Los concejales consultados dicen que están en el orden de sus prioridades, junto a educación a infraestructura.
Precisamente, estos dos temas son claves al momento de evaluar la gestión de los mandatarios. El 45 por ciento desaprueba la gestión en seguridad y el 43 por ciento la cuestiona en movilidad.
Reconocen avances en educación, finanzas y salud.
Llama la atención la propuesta de que los temas de cultura ciudadana tengan una mayor relevancia en los concejos que se elijan en octubre, donde el 74 por ciento de los cabildantes espera asegurar la curul. Los concejales advierten que la compra de líderes y de votos y la financiación ilegal de las campañas son las principales prácticas que amenazarán la transparencia de esos comicios.
'Concejo, cómo vamos' es una iniciativa respaldada por la Casa Editorial EL TIEMPO y en las ciudades cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones y cámaras de comercio.
Para Alexandra Rodríguez, coordinadora del programa 'Concejo, cómo vamos , la aplicación de encuestas a las corporaciones locales, como los concejos, son importantes en la medida en que estos representan a la diversidad de los ciudadanos.
EMPLEADAS DE DESPACHO JUDICIAL SE ENFERMARON POR TANTOS EXPEDIENTES
Lograron mediante una tutela que se le pusiera orden a la congestión de procesos.
Después de dos años de soportar el cerco de 4.500 expedientes apilados en el despacho, que les impedía moverse de sus escritorios y los obligaba a atender a los usuarios en los pasillos por falta de espacio, siete empleadas del Juzgado de Ejecución de Penas de Florencia (Caquetá) consiguieron, mediante una tutela, que ordenaran la descongestión y el traslado de la oficina.
En un fallo de apelación, la Corte Suprema de Justicia advirtió al Consejo Superior de la Judicatura del riesgo que corre la salud de estas personas y les pidió disponer de todas las herramientas a su alcance para solucionar de manera definitiva el deterioro que presenta el Juzgado, reestructurar su planta física y reducir el número de procesos.
"Se encuentra demostrado que los empleados del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no cuentan con las condiciones mínimas que permitan desempeñar adecuadamente sus funciones; las elevadas temperaturas y la imposibilidad para desplazarse al interior del despacho son algunos de los obstáculos que día a día soportan en desmedro de sus derechos fundamentales", indicó el alto tribunal en la sentencia.
El caso se volvió insostenible para las siete mujeres que laboran en el despacho. Esta oficina recibe en promedio entre 48 y 50 procesos semanales de 17 juzgados municipales, cinco del circuito y dos especializados.
Ellas aseguraron que debían soportar toda la carga de trabajo -que incluía solicitudes de libertad, suspensión de penas y tutelas-, en una pequeña oficina ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Florencia, sin ventilación ni aire acondicionado ni espacio para guardar los expedientes.
Más de una vez estuvieron a punto de ser aplastadas por el cerro de expedientes arrumados en el piso. Ante la falta de anaqueles para clasificar los procesos, conseguir uno de los expedientes requería un día de búsqueda, "debiendo literalmente revolcarse en el suelo, debajo de los escritorios y sillas para encontrarlo", señalaron las empleadas en la tutela.
Algunas de ellas tuvieron que ser incapacitadas por lesiones en tobillo, brazos y piernas, después de tropezar con los arrumes de expedientes.
La situación llegó al colmo de tener que recibir insultos de los usuarios, a quienes tenían que recibir en los pasillos pues el campo destinado a la atención al público no era mayor de 15 centímetros.
El atraso en el trámite de las solicitudes también les valió hasta amenazas de muerte.
La humedad del despacho no solo deterioraba los expedientes, por las partículas que se generaban en el recinto: ahora sufren de alergias y extraños brotes en su piel.
Además, el estado desolador del recinto las llevó a sufrir de espasmos y dolores de cuello, espalda y cintura. Incluso, una de las citadoras en este momento está en tratamiento psicológico por no haber soportado el estrés.
Durante dos años solicitaron a la Judicatura su reubicación y la creación de otro juzgado. Sin embargo, la entrada en operación de una nueva cárcel con cupo para 1.057 internos las obligó a recurrir a la tutela.
La Corte consideró que "si bien las autoridades han indicado la adopción de algunas medidas para superar las falencias detectadas, resulta claro que ninguna de ellas ha sido efectiva ni suficiente para atender el cúmulo de procesos y en consecuencia reducir el número de procesos".
La judicatura creo un juzgado de descongestión y arrendó una casa para trasladar el juzgado, pero el problema persiste. Después de analizar el caso, la Corte sostuvo en la sentencia que "la sola suscripción de un contrato de arrendamiento sin que el inmueble esté adecuado, contiene perse las condiciones indignas y menos, cuando se pone en riesgo la prestación efectiva del servicio, siendo un imperativo que se garantice".
Al final, el fallo concluye que "las autoridades deben disponer de todas las herramientas a su alcance para dar cumplimiento a la orden emitida sin dilación alguna".
CHOQUE EN JUDICATURA POR NOMBRAMIENTOS
No hay suficiente personal en la Secretaría de esa corporación para notificar las sentencias.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dice que sus colegas de la Sala Administrativa no han atendido sus requerimientos para ampliar la planta de personal de su Secretaría.
Según el magistrado Henry Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria, la capacidad de la Secretaría de esa corporación se desbordó ante el número de casos que debe atender.
La Sala Disciplinaria está evacuando un promedio de 180 procesos semanales contra jueces y abogados que incumplen sus funciones y no hay suficiente personal para notificar estas sentencias.
En este momento, dice el magistrado Villarraga, la planta de personal cuenta con el mismo número de empleados que tenía en 1991 cuando sacaba 700 decisiones al año. Sin embargo en el 2010 se fallaron 9 mil procesos.
PRUDENCIA EN CONTROL Y JUZGAMIENTO
Es preciso respaldar a los organismos judiciales y de control en su tarea y pedirles que no desfallezcan. Pero bien que les conviene mirar el pasado reciente.
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La "lucha contra la corrupción" no puede ser mero discurso político.
En su más reciente columna en este diario, y a propósito de la encuesta de Invamer Gallup, que muestra una clara tendencia al pesimismo ciudadano en la lucha contra la corrupción, Mauricio Vargas se pregunta por qué se da el fenómeno de escándalo diario, destapado por los organismos judiciales o de control.
En realidad, por primera vez aparece el jefe del Estado, esta vez acompañado de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, mostrando resultados en la investigación de graves hechos delictuosos contra el dinero de la salud.
El viernes anterior, titulares de prensa informan: 'Ministro Rivera destapa corrupción en el Club Militar'. Antes, La W había anunciado la llegada a la Corte de cajas con documentos sobre supuesta participación de congresistas en irregularidades.
La respuesta a la referida inquietud, la misma de la inmensa mayoría de los colombianos, puede estar en la forma equivocada de aproximación al problema, que a veces termina afectando o la eficacia o la credibilidad de una investigación.
El problema no se agota en el sistema judicial, porque tiene mucho que ver con el régimen político.
El clientelismo, por todos criticado y por muchos practicado, es principal germen de la corrupción.
Pero debe precisarse el concepto, pues a menudo se "engloban" en el término corrupción conductas que por negligencia, imprudencia, desgreño o falta de control, terminan asimiladas a comportamientos dolosos, conscientemente orientados a apropiarse o a facilitar la apropiación de dineros públicos.
Recuérdese también que no toda falla administrativa se enmarca en el Código Penal, de donde deriva el peligro de que, al igual que en el tema del narcotráfico, sindicar a todo el mundo aun por relaciones sociales o familiares puede terminar favoreciendo a los verdaderos criminales.
Los ámbitos disciplinario, fiscal y penal deben delimitarse claramente. Un pliego de cargos, unos "hallazgos fiscales" o incluso una indagatoria o audiencia de imputación no están necesaria y fatalmente asociados a una condena.
Tampoco es aceptable la "culpabilidad retroactiva", que consiste en cuestionar las relaciones sociales de inocentes que a la postre resulten "obligatoriamente" involucrados en hechos criminales.
Por ello, es injusto, verbigracia, tratar de vincular al Ministro del Interior o a otros dirigentes políticos por haber utilizado en el pasado el avión de los Nule, o recibido financiación -antes de aprobado el estatuto anticorrupción- de empresarios cercanos a ellos.
La "lucha contra la corrupción" no puede ser mero discurso político.
La Constituyente creó varios mecanismos anticorrupción: pérdida de investidura para congresistas por pedir puestos, extinción de dominio para bienes de los corruptos, incompatibilidades e inhabilidades de todo orden para los servidores públicos. Samper expidió el "estatuto anticorrupción". Uribe fue elegido por plantear la "lucha contra la corrupción y la politiquería".
Sin embargo, para lograr eficacia hay que tener cuidado. Del famoso "robo a Caldas", denunciado por el procurador Carlos Jiménez, no quedó ni una condena. El país recuerda el ruidoso allanamiento de la Fiscalía al Concejo de Bogotá para capturar ediles por manejar auxilios. Juan Martín Caicedo, alcalde capitalino, fue conducido de su despacho a la cárcel, pero la justicia finalmente lo declaró inocente y reivindicó moralmente su nombre. Varios concejales de Bogotá fueron encarcelados y otros indagatoriados, solo para luego establecer que no había delito: algunos de ellos, puestos entonces en la picota pública, muestran hoy brillantes trayectorias públicas.
Es preciso respaldar a los organismos judiciales y de control en su tarea y pedirles que no desfallezcan. Pero bien que les conviene, en todo caso, mirar el pasado reciente.
EL ESPECTADOR
VICEPROCURADORA ALERTA SOBRE IRREGULARIDADES EN PENSIONES
Martha Isabel Castañeda anunció que en las próximas semanas se conocerán nombres de entidades involucradas.
Presuntas irregularidades en el manejo de pensiones vienen siendo detectadas por el entes de control, según lo dio a conocer la viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo.
La alta funcionaria indicó que en los próximos días se darán a conocer los nombres del algunas entidades del sector público que ya se encuentran en la mira de la entidad, tras el acopio de material probatorio que parece evidenciar.
Añadió que el organismo de control disciplinario ya está adelantado las diligencias de averiguación en las que parece reflejarse la ocurrencia de manejos irregulares de los dineros aportados por los trabajadores.
Castañeda Curvelo manifestó que la Procuraduría también está centrando esfuerzos en el propósito de develar claramente el fraude del que venía siendo blanco la salud por parte de empleados de Empresas Promotoras de Salud, EPS; así como funcionarios del Fondo de Garantías, Fosyga, y el Ministerio de la Protección Social.
TÁCTICAS DE ABOGADOS
Por: Cecilia Orozco Tascón
¿Hasta dónde es legítima la labor del abogado en su función de defensor, muchas veces de bandidos?
¿Hasta dónde los profesionales del derecho pueden cruzar intereses, clientes y procesos sin consideración a la ética y a su deberes sociales de los que no están excluidos, como parecen creerlo algunos que se enriquecen ante nuestros ojos por cuenta de la sórdida chequera de sus clientes? Son interrogantes que haríamos bien en hacernos ahora, dado el auge de graduados en leyes pero especializados en el manejo de medios y relaciones públicas con periodistas, fiscales y jueces, más que en argumentación jurídica. El esquema defensor-relacionista es perverso porque pretende evitar la recta administración de justicia a través de la manipulación de personas e información para que ellos y sus defendidos ganen, aunque la sociedad pierda en materia económica y de moral colectiva.
No me canso de repetir, puesto que el caso Nule es el prototipo actual más vistoso de ese cáncer denominado culto al dinero, que sus procesos les están saliendo tal como lo previeron sus estrategas. Así lo han denunciado también otros comentaristas, como Félix de Bedout que cada mañana lo demuestra. Mirémoslo: hoy están detenidos pero con comodidades a las que no puede acceder ningún otro recluso dizque porque hay peligro de atentado contra sus vidas; están presos unos, y en espera de prisión otros, solo entre quienes han sido involucrados por ellos. Con sus calculadas declaraciones dieron base para se cumpliera la sentencia anticipada de la Procuraduría, dictada por el abogado de los Nule, Daniel Largacha: “los tenemos (a los Moreno) servidos y listos para obtener su suspensión o destitución”. Pero ante todo: como los primos no han dicho palabra sobre la corrupción nacional, no hay una investigación formal contra nadie del gobierno Uribe, pese a los indicios que señalan a varios de sus exfuncionarios. Figuran como abogados de los Nule, pero se rumora que detrás de ellos hay una batería, dos que ahora comparten oficina: Andrés Garzón y Daniel Largacha ¿Cómo así? ¿Tan jóvenes y a cargo de semejante proceso? Pues sí ¿Quiénes son estos semidesconocidos?
Andrés Garzón fue abogado “senior” de Lombana Villalba & Asociados hasta 2007; enseguida, 2008, logró obtener dos asesorías aún vigentes: con la DIAN y con el ICBF, ambas entidades en problemas por darles contratos a los Nule sin exigirles sus obligaciones; ha representado al Consorcio Odebretch y a Invías. Daniel Largacha trabajó particular y oficialmente con el exsecretario jurídico presidencial, Edmundo del Castillo; apoderó a éste ante la Procuraduría por la visita del paramilitar Job a palacio (caso que por lo demás está quieto en esa entidad, tal vez esperando prescripción); heredó el contrato del hermano del secretario del Castillo, Gabriel, como asesor de la Casa de Nariño cuando don Edmundo se posesionó; y a comienzos de 2010 firmó un contrato con Invías a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea.
Pregunto: 1.- Si la DIAN quisiera iniciar un proceso contra los Nule ¿Cuáles intereses defendería Garzón? 2.- Si los Nule desearan confesar sus relaciones con del Castillo ¿Qué les aconsejaría Largacha? 3.- Si Invías o el ICBF entraran en pleito con los Nule ¿A quiénes privilegiarían Largacha y Garzón? 4.- Si la Fiscalía se espabilara y conminara a los Nule a revelar cómo se hicieron a las megaobras del país, Largacha, Garzón y la batería que acompaña a Uribe Vélez y a los Uribe Moreno ¿Lo permitirían? 5.- Si la Fiscalía se decidiera a investigar a del Castillo ¿Cómo influirían Largacha y Garzón en el fiscal Pabón? Y la última: ¿Estamos ante una táctica similar a la del primer proceso de Yidis Medina cuando le pusieron unos “defensores” que le impidieron contar cómo vendió su voto?
REFORMA DE HUMO
Por: Pascual Gaviria
Según datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en Colombia hay 520.000 consumidores activos de marihuana.
Son quienes afirman haber inhalado el humo grueso de un barillo en el último año. La mayoría de los embelesados por THC están entre los 18 y los 24 años. La marihuana, como las greñas, sigue siendo sobre todo un embeleco de juventud. Un estudio realizado en 2009 dice que cerca del 10% de los estudiantes universitarios son consumidores activos de la hierba. Dado que sólo la mitad de quienes ingresan a la universidad terminan sus estudios, será muy difícil ligar la deserción a los efectos etéreos que proporciona la mona.
El expresidente Uribe dedicó algunas de sus interminables cantaletas de gobierno a hablar de una epidemia social relacionada con el consumo de drogas en Colombia. Se trataba sobre todo de la necesidad de defender un dogma, de enviar un mensaje desde el púlpito del palacio presidencial: “La dosis personal ha sido funesta para la sociedad colombiana, ha ayudado muchísimo a la corrupción, ha sido un fertilizante del involucramiento de niñitos y adolescentes en la criminalidad”. Ya sabemos que Uribe, como buen iluminado, busca sobre todo que “no se envíen mensajes equivocados a su rebaño”. La realidad no es algo que le interese.
Los especialistas en temas de adicción, el fiscal Mario Iguarán, buena parte de los congresistas, la gran mayoría de los columnistas de opinión y hasta los editoriales del periódico El Colombiano, sostuvieron durante varios años la inconveniencia de penalizar la dosis mínima. Un cambio que pretendía —luego de 15 años de la sentencia de la Corte Constitucional— que los consumidores deban enfrentar a jueces y policías por ejercer un derecho personal o tratar un problema de adicción. Hace unos días, dos de los cuatro precandidatos del partido de la U a la Alcaldía de Medellín dijeron que no les gustaría la “ayuda” del sistema judicial en caso de que se enteraran de que uno de sus hijos consumía drogas. Ni siquiera entre los acólitos más fervorosos del expresidente hay consenso frente al tema. Pero Uribe llevó al país de cabestro hacia una decisión que hoy en día no es más que un encarte inaplicable.
El fin de semana pasado se realizó en Medellín la marcha cannabica, que busca reivindicar el derecho de los ciudadanos a quemar una planta con fines recreativos. Marcharon y fumaron aproximadamente 4.000 personas por el centro de la ciudad. La mayor sorpresa fue la actitud de los policías que debían cuidar semejante humareda. Al comienzo vi un abismo entre quienes vigilaban desde la acera y quienes caminaban por la calle con el porro en la mano. Pero poco a poco fue claro que hasta los policías han interiorizado que los consumidores de marihuana no son una amenaza para nadie: “Cada uno tiene derecho a sus manifestaciones desde que sean pacíficas”; “lo que ellos no saben es que a uno en la civil también le gusta”; “ellos verán, pero a mi ese humo me da dolor de cabeza”. Esas fueron algunas de las respuestas de los policías cuando les pregunté qué opinaban de la marcha. Ni siquiera las provocaciones humeantes de algunos turros contra la cara arrugada de los agentes lograron una respuesta.
El Congreso le dio gusto al presidente Uribe en esa insulsa reforma por un simple oportunismo electoral. Ahora nadie se atreve a intentar una reglamentación. Sería ridículo emplear los jueces y los policías contra 4.000 aletargados con un altavoz en tono menor.
ESPERAN CAMBIOS TRASCENDENTALES EN REANUDACIÓN DE CASO PALACIO
Este miércoles se reanuda el proceso penal por el holocausto del Palacio de Justicia, con el reinicio del juicio que enfrenta el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 civiles.
Un ingrediente adicional se adhiere al proceso, luego de la condena del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, a manos de la juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, la misma que juzga al coronel (r), por cuanto el pronunciamiento de fondo que ha hecho la operadora sobre el caso podría dar lugar a nuevas acciones de las partes, que generarían una nueva prolongación.
Es de esperar la presentación actuaciones que pongan en duda nuevamente la competencia de la juez frente al caso o incluso de parte de la misma funcionaria, según lo han expresado algunos familiares de los desaparecidos.
Sánchez Rubiano, que comandaba el B-2 de Brigada 13 durante la época de los hechos recuperó su libertad en 2008 por vencimiento en los términos para el adelantamiento del juicio al que también fueron llamado tres de sus inferiores jerárquicos en esa unidad militar.
Trejos también está pendiente de emitir una sentencia en el caso del general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue involucrado en los hechos, como máxima cabeza del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, Cocici, en la época de los hechos.
JAIME RAÚL ARDILA ES EL NUEVO AUDITOR GENERAL
El sangileño Jaime Raúl Ardila se convirtió en el nuevo auditor General de la República, luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado lo eligiera para ocupar el cargo en cesión ordinaria.
El jurista es decano de la Facultad de Derecho de Uniciencia y rector de la organización Corpocide.
Ardila Barrera, quien también fue secretario de gobierno de Bucaramanga y secretario jurídico de la Gobernación de Santander y diputado a la Asamblea del mismo departamento, asumirá la jefatura del ente de control fiscal hasta 2014.
El abogado salió victorioso de la terna presentada por la Corte Constitucional ante el Consejo de Estado para suceder al actual auditor, Iván Darío Gómez Lee.
EL NUEVO SIGLO
LA PÉRDIDA DE LA FE
Por FERNANDO NAVAS TALERO
“Permítasele al ciudadano que controle el aparato judicial”
“LAS actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe…”
El predicado se consagra como fundamento constitucional en el artículo 83 y, claro, por tratarse de un precepto constitucional lo propio es que no se cumpla, pues la observación crítica de la Carta enseña que sus mandatos no derivan de la práctica sino de un deber ser soñado por el legislador.
Las reglas jurídicas acuñan lo que generalmente ocurre, la conducta normal de los seres humanos, de ahí que una de las fuentes de la legislación sea la costumbre. Los procederes contrarios a la norma deben ser corregidos y sancionados por el Estado.
Las reflexiones que se hacen tienen que ver con algunas de las afirmaciones que ha hecho recientemente la fiscal general de la Nación, doctora Vivianne Morales. Dice la funcionaria que parte del problema de la corrupción y la impunidad tiene su causa en la cobardía de los ciudadanos.
Tiene razón la Fiscal; sin embargo, es necesario aclarar cual es la causa de la cobardía de los ciudadanos y qué les impide denunciar ante las autoridades los hechos de corrupción.
encillamente, las personas se abstienen de denunciar ante las autoridades las conductas delictivas acerca de las cuales tienen conocimiento, puesto que se encuentran históricamente decepcionadas de la administración de Justicia; en otras palabras, perdieron la fe en las instituciones judiciales y la perdieron porque desde el comienzo de la República la promesa de justicia no se ha cumplido.
Promete ahora ella redimir al pueblo colombiano del lastre que arrastra y cuenta para esa titánica tarea, dice, con el equipo de funcionarios de su dependencia. Buena fe la suya, pero sano resulta que entienda que la Fiscalía no es un Jordán purificador y que es necesario que, antes que mirar la paja en el ojo ajeno, observe la viga que tiene en el suyo. La paquidérmica maquinaria de la Fiscalía no se va a mejorar con consejos bien intencionados. Es preciso que se reforme el Código de Procedimiento para que los ciudadanos no sean convidados de piedra en la actuación a cargo de los investigadores y que el monopolio de la acción penal se atempere permitiendo la participación de la víctima, incluso permitiéndosele llegar ante el juez cuando tenga discrepancias con el fiscal investigador y su equipo del CTI.
La impunidad en delitos de mínima representación mediática, aquellos que afectan a un gran número de ciudadanos, como no tienen un doliente notable, prescriben cómodamente ante la mirada impotente de los afectados.
La democracia básicamente es control del poder por el poder. Permítasele al ciudadano que controle el aparato judicial y que sus demandas no queden a discreción de la arbitraria decisión del funcionario. Así se podría recuperar la fe perdida; obras son amores y no buenas razones
LA SALUD EN URGENCIAS
Por HORACIO SERPA
“Lucha que cuenta con el apoyo de alcaldes y gobernadores”
LA salud en Colombia está en cuidados intensivos. Millones de compatriotas se encuentran desprotegidos o sometidos a un sistema que ha colapsado por la ineficiencia o corrupción de las empresas prestadoras de servicio, el accionar de los carteles de la salud, la mala administración y la crisis económica.
En muchos municipios donde operan los grupos armados ilegales, especialmente paramilitares o ‘bacrim’, como los llaman ahora, los hospitales de la red pública han sido sometidos a un desangre de sus recursos. Dineros que han ido a parar a las arcas de esas organizaciones criminales para aumentar su capacidad de daño, o sencillamente para enriquecer a sus comandantes.
Todo eso se ha hecho con la complicidad de autoridades locales o departamentales, que han hecho pactos con el diablo para protegerse, conseguir votos o mantenerse en el poder. Sin importar la salud de las poblaciones afectadas. Sin detenerse en el enorme daño causado a los más necesitados. Quizá, si se hiciera un estudio académico, se demostraría que el saqueo a los recursos de la salud ha causado más muertes que el mismo conflicto armado interno. Porque en las puertas de los hospitales, debido a su pésimo servicio, a la falta de cirujanos y especialistas, de medicamentos de última generación, los enfermos se mueren sin que nadie llore su partida.
Es lamentable que en Colombia eso ocurra ante los ojos de todos. Los paramilitares sometidos al proceso de justicia y paz han revelado de manera detallada la manera cómo se han robado el dinero de la salud. Los organismos de control han iniciado investigaciones para detener ese desangre y devolverle la administración de los hospitales a la sociedad. Pero aún no se ven los resultados. En muchos hospitales de la Costa Atlántica o el centro del país, donde operan los paramilitares, las cosas siguen igual. Políticos corrompidos, paramilitares y administradores sin pudor se reparten el dinero de la salud como si fuera su caja menor.
En los últimos días el país se estremeció, además, con la corrupción en el propio Ministerio de la Protección Social. Allí, a escasos metros del despacho del ministro, un cartel integrado por funcionarios públicos y directivos de EPS se estaba embolsillando el dinero de la salud a través de cobros fraudulentos al sistema. Más de tres billones de pesos fueron saqueados en los últimos años bajo ese esquema perverso.
La denuncia fue hecha de manera valiente por el Presidente de la República, quien enfrenta una batalla frontal contra la corrupción en todos los campos. Lucha que cuenta con el apoyo decidido de alcaldes y gobernadores. Garantizar el derecho de los colombianos a la salud requiere una acción decidida del Estado y la sociedad. Limpiar los servicios de salud de saqueadores armados y al sistema de los enemigos agazapados es una tarea urgente.
Nunca como hoy es la oportunidad de iniciar una revolución de la salud, para que el sistema funcione y entre todos le demos forma al contenido garantista de la Constitución de 1991
LOS RECOBROS ILÍCITOS
Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Servicio público vital, que se les paga, y de manera cuantiosa”
YA se están viendo en las calles las protestas de numerosos ciudadanos, usuarios del sistema de salud, contra las EPS por la razón -muy justificada- de no ser oportuna y eficientemente atendidos, pese a estar cotizando puntualmente.
No podemos olvidar precisamente eso: que las EPS no les están regalando nada a sus usuarios, sino que están encargadas de la prestación de un servicio público vital, que se les paga, y de manera cuantiosa. Tanto es así que cuando tienen que asumir alguna prestación que les parece costosa, esté o no en el POS, tienen en los recursos del Fosyga su mejor seguro, al cual acuden por el mecanismo del recobro.
Todos sabemos, y lo hemos denunciado en estos años, que los intermediarios entienden poco del servicio que deben prestar, pero mucho de sus ganancias, porque a partir de la Ley 100 de 1993, la salud pasó de ser un servicio público y un derecho fundamental de las personas, a constituirse en un buen negocio.
Asimismo sabemos que, también por razones económicas, ha tenido lugar en muchos casos el denominado “paseo de la muerte”, que no es otra cosa que un crimen.
Conocemos igualmente que, distorsionando el sentido y los propósitos de la acción de tutela -a la cual acuden las personas, no por diversión sino por necesidad-, las mismas entidades en referencia han exigido en innumerables ocasiones llegar con una sentencia de tutela concedida, como requisito para prestar los servicios o suministrar los medicamentos indispensables, y -claro está- para el posterior recobro ante el Fosyga.
No es menos conocida la actitud del mal denominado Ministerio de la “Protección Social” durante el pasado Gobierno, que fue siempre favorable a las EPS, y que hasta introdujo en decretos de emergencia social normas como la que pretendía que las enfermedades fueran atendidas con recursos provenientes de las cesantías y pensiones de los mismos trabajadores; o la que amenazaba con multas millonarias a los médicos que recetaran medicamentos costosos.
Lo que no sabíamos, y que afortunadamente ha descubierto el Gobierno actual, es que durante años se montó y explotó un negocio ilícito gigantesco a expensas de los recursos destinados a la salud, precisamente por la vía del recobro al Fosyga.
Una reiterada práctica de inmensa corrupción, de la que al parecer -es incomprensible- no se dio cuenta el Ministro correspondiente.
REVISTA SEMANA
PROCURADURÍA ADVIERTE SOBRE CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA PENSIONAL
La viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, aseguró que hay demasiadas irregularidades y que pronto se conocerían los nombres de las entidades comprometidas.
Un nuevo escándalo de desfalco al Estado podría destaparse en los próximos días. La viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, advirtió este martes sobre irregularidades muy "graves" en el sistema pensional.
Aunque no específico qué tipo de irregularidades han encontrado, ni reveló los nombres de las entidades, la funcionaria aseguró que se trata de un caso parecido al que el país vivió con Cajanal.
"Pronto estaremos con otras entidades que son demasiado conocidas en el país, entorno a demasiadas irregularidades que serán conocidas por ustedes de manera pronta. Podría ser otro carrusel", dijo.
Con el de las pensiones, sería el cuarto 'carrusel' reciente que se destapa y que se suma al de la contratación, la salud y de los magistrados.
El caso Cajanal
En su momento, el caso de corrupción en la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, se consideró como el mayor desfalco al erario público de los últimos años y se comparó con el célebre robo de Foncolpuertos.
En esta entidad se crearon "carteles de tutelas" que tenía como modalidad poner de acuerdo a abogados, jueces, funcionarios de la entidad y pensionados para reclamar derechos pensionales inexistentes. Otra de las modalidades usadas fue el pago de pensiones con base en tutelas falsas.
Para cuando se reveló el millonario desfalco, en el año 2006, el país estaba pagando fallos judiciales que sumaban los 500.000 millones de pesos.
HISTORIA DE UNA REIVINDICACIÓN INDÍGENA: LA CONSULTA PREVIA
Los embera, se encuentran dispersos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas-resguardo de La Montaña-, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca. Actualmente son cerca de 70 mil personas las que pertenecen a esa etnia.
La Corte Constitucional amparó el derecho de dos comunidades indígenas del Chocó a que se les consulte previamente y se construya con ellas los proyectos que afectan sus territorios.
En la selva chocoana, en límites con Panamá, viven 21 familias indígenas del pueblo Embera; 13 de la comunidad Chidima Tolo y ocho de la comunidad Pescadito. Conviven con la selva, la montaña y el río, como si fueran sus hermanos sagrados. Pero también con los megaproyectos, la explotación minera y los grupos armados.
Desde 2009, los representantes legales de los resguardos, ubicados en el municipio de Acandí, comenzaron una pelea jurídica para evitar que una carretera atravesara sus territorios. Además, han denunciado que su opinión no ha sido tenida en cuenta en la ejecución de proyectos mineros y energéticos.
La Corte Constitucional les dio la razón. El alto tribunal publicó la sentencia T-129 de 2011 que dejó claro que los proyectos mineros, de transporte, de infraestructura, o leyes que afecten los territorios indígenas, deben tener en cuenta a las comunidades que los habiten, y hacerlas parte de las discusiones y decisiones.
“La principal novedad de esta jurisprudencia es que la Corte Constitucional dice que la participación en la consulta previa, debe ser, antes, durante y después del proyecto que afecta a las comunidades”, dijo la abogada Alejandra Vega quien fue la representante de las comunidades indígenas.
De esta manera, el tribunal definió el alcance del derecho de las minorías a la “consulta previa”, que no es un procedimiento más que deben cumplir los organismos del Estado y las empresas, sino un derecho fundamental.
Por su parte, el experto constitucionalista y director de la organización Derechojusto.org, Juan Carlos Lancheros, argumentó que es muy importante esta sentencia porque “desde el momento en que se planea el estudio para un proyecto que afecta potencialmente a una comunidad indígena debe contarse con ella, además, garantizar y facilitar su participación activa en la construcción del proyecto, para salvaguardar sus derechos, idiosincrasia y cosmovisión”.
Esta sentencia fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió revisarla dada su importancia. Al final, les dio la razón a los demandantes. Entre otras cosas, ordenó suspender la carretera, con el fin de que se cumpla el requisito de consulta previa teniendo en cuenta la posibilidad de modificar el trazado de las obras. También pidió parar los proyectos de explotación minera, y traducir los apartes más importantes de la jurisprudencia a la lengua Embera y publicarlos.
Además, la sentencia exhortó al Congreso y al Ejecutivo a la creación de un proyecto de ley estatutaria que regule el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.
Por todo lo anterior, la sentencia seguramente pasará a integrar la lista de las llamadas históricas.
La historia
Han sido varios los intentos de distintos gobiernos locales de construir la carretera, que pretende unir a los municipios de Unguía y Acandí, proyecto que ha tenido diferentes nombres. No obstante, la obra está interrumpida en los cuatro kilómetros que pasan por el resguardo. Es decir, la carretera existe en las entradas de los dos municipios, pero no está conectada.
Los representantes de las comunidades Chidima Tolo y Pescadito instauraron una tutela cuando advirtieron que en la zona se hacían estudios para pasar la carretera por ahí. El proceso pasó del Tribunal superior de Cundinamarca, por razones de competencia, al Tribunal Superior de Quibdó. Los demandantes pidieron el amparo de su derecho de consulta previa.
La consulta previa es un derecho de las minorías étnicas, que según los convenios suscritos por Colombia, las faculta para participar en las decisiones que afectan a sus territorios, y para conocer previamente los proyectos. Jurisprudencias como la de esta sentencia derivaron en el fracaso de leyes como el estatuto rural y la ley forestal, impulsadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Además, las comunidades reportaron en su demanda que existía un proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que desarrolla la empresa Interconexión Eléctrica ESP-ISA, que también podría afectarlos. También dieron cuenta de que en la región se han entregado proyectos de concesión minera en una zona comprendida entre el río Muerto y el río Tolo, considerados sagrados por las comunidades.
En el proceso intervinieron los ministerios de Transporte y de Agricultura que pidieron que se les excluyera de la demanda. El primero, porque solo revisa proyectos presentados por las alcaldías, a quienes les compete la consulta; y el segundo, porque argumentó que no tenía ninguna responsabilidad directa con los hechos que las comunidades estaban demandando.
El Ministerio de Medio Ambiente también pidió que se le excluyera de la demanda porque la empresa de Interconexión Eléctrica no ha presentado el estudio del impacto ambiental que tendrán las obras, y en caso de hacerlo, se comprometió a exigir que se haya cumplido el rquisito de consulta previa para otorgar la licencia.
El Ministerio de Minas y Energía dijo que la responsabilidad era de Ingeominas, y que por tanto tampoco era sujeto de la demanda. También participó el Invías, que dijo que las obras contratadas eran de “mejoramiento” de la carretera, lo cual no requiere de consulta previa.
Hasta el ministerio de Defensa participó en los alegatos de la demanda, pues una agencia de las fuerzas militares es la que está ejecutando la obra. La agencia indicó que no se han “iniciado labores” pues está a la espera de que se haga la consulta; y la oficina de Derechos Humanos del Ministerio alegó que el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas “no es absoluto”, por lo cual las tropas “no pueden ser retiradas del territorio indígena”, y que la suspensión o no de la obra debe ser ordenada por una autoridad competente.
Por su parte, la empresa encargada del proyecto de interconexión argumentó que para la etapa en la que se encuentra la iniciativa no se requiere de la consulta previa y que, por tanto, no ha vulnerado los derechos de las comunidades.
Tras escuchar a las partes, el Tribunal Superior de Quibdó, el 10 de julio de 2010, negó la petición de los representantes de las comunidades Chidima-Tolo y Pescadito. El argumento fue que el interés general primaba sobre el particular y que los argumentos no demostraron la vulneración de los derechos de los resguardos.
Ante la negativa del tribunal, los demandantes apelaron la decisión. Esta vez, fue la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la que les negó la razón. El argumento fue el mismo.
“En el caso específico, como quedó visto, no se estructuran los presupuestos para otorgar la prerrogativa reclamada, aun como mecanismo transitorio, por ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados”, explicó la Sala.
Pero, los demandantes no se dieron por vencidos y acudieron a la Corte Constitucional, que al comienzo decidió no revisar la demanda. Ante la insistencia de los representantes de los resguardos la acogió.
En la Corte Constitucional
La Corte Constitucional, en la etapa de pruebas, ordenó la participación institutos y facultades de antropología en la discusión. Además, entre otras decisiones, envió un grupo de investigadores al resguardo para hacer una inspección de lo que estaba ocurriendo.
En su argumentación, la Corte recordó que Colombia suscribió el convenio 169 de la OIT que la obliga a consultar previamente con los pueblos indígenas cuando haya medidas administrativas o legislativas que los afecten.
Además, en un capítulo llamado Constitución ambiental hizo una amplia descripción de lo que significa el cuidado del medio ambiente y reiteró lo que en otras jurisprudencias ha dicho: que el planeta está en riesgo y, por eso, su protección es deber de toda la raza humana.
En otro, dedicado a las tensiones que se derivan de los conceptos de “desarrollo”, aduce: “No se puede anteponer en abstracto el “interés general” y la visión mayoritaria que se tenga del “desarrollo” o “el progreso” que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos”.
Mejor dicho, que si se trata de respetar y conservar el patrimonio que representan las comunidades indígenas es necesario considerar su punto de vista. También incluyó en su argumentación algunas de las intervenciones de las facultades de antropología que destacan la distancia que hay entre el reconocimiento oficial de la multiculturalidad y la diversidad étnica y la realidad.
Al final, la Corte Constitucional indicó que las comunidades indígenas tienen derecho a conocer de los proyectos que se planean en sus territorios. Ese conocimiento debe ser “libre, previo e informado”.
Además aduce que en caso de que existan proyectos en territorios indígenas, la consulta es obligatoria, y debe buscar el “acuerdo” o “conseguir el consentimiento”. Es decir, no es suficiente con contarle a la comunidad que se va a desarrollar un proyecto en su territorio. Ese espacio de consulta debe ser una “disertación entre iguales” y no un simple formalismo.
Además, agrega la Corte, “no solo se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades cuando existen planes para llevar a cabo grandes actividades de explotación en territorios indígenas, sino en efecto garantizar que se compartan los beneficios derivados de dicha explotación de forma equitativa”.
La Corte encontró que no se trata del “mantenimiento de la vía” (Ungia-Acandí) como argumentó la agencia militar, pues la carretera no existe. El proyecto en cuestión busca construir la carretera con todo lo que ello implica.
El alto tribunal recogió los argumentos de los propios indígenas quienes explicaron que una carretera cambiaría todo su estilo de vida, permitiría el tránsito de los grupos ilegales y multinacionales y podría significar un peligro para ellos. Además, el proceso de construcción también implica la destrucción de la naturaleza.
Al respecto del proyecto de interconexión eléctrica, la Corte se abstuvo de impartir una orden, pues este está en etapa de estudio de factibilidad. Sin embargo, advirtió que en caso de que el proyecto resulte viable y se advierta la posibilidad de que afecte a las comunidades, la empresa debe gestionar su participación en el proceso de consulta previa.
La Corte encontró que hay un título minero vigente que podría afectar al río Tolo. Ese río, además de ser la fuente del líquido vital de uno de los resguardos es sagrado. Por ello, la Corte ordenó suspender “las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia minera”. También pidió al Ministerio del Interior y a varias instituciones que le den prioridad en el Plan de salvaguardia de las minorías étnicas a los mecanismos de protección que garanticen la pervivencia de las comunidades.
Como parte de las medidas reivindicativas pidió a la Alcaldía de Acandí reconocer la importancia de los indígenas en la región y hacer campañas pedagógicas como muestra de ese reconocimiento; y a las autoridades ambientales, hacer un programa de arqueología preventiva, para identificar los lugares que merecen especial protección.
Para que no quedara duda de la posición de la Corte, ninguno de los magistrados que firmó la sentencia salvó su voto.
CARACOL RADIO
Superada la polémica en la Ley de víctimas, hoy será radicada ponencia mayoritaria
Con el respaldo unánime del partido de la ‘U’ y despejada la polémica sobre el reconocimiento del conflicto armado en Colombia hoy después de varios tropiezos finalmente será radicada la Ley de víctimas de la violencia para su último debate en la plenaria del Senado.
Este es el resultado del encuentro que sostuvo el Presidente Juan Manuel Santos con la bancada de la ‘U’ y la cúpula militar que respaldaron de manera plena la iniciativa.
El senador Roy Barreras, ponente del partido de la ‘U’ aseguró que como lo explicó el Presidente Santos, se incluye el artículo sobre el reconocimiento del conflicto interno y que eso no significa conceder el estatus de beligerancia a los grupos al margen de la ley.
Dijo que la ley va a favorecer a unos 4 millones de víctimas de la violencia e incluye el proceso de restitución de tierras.
Radicada la ponencia se espera que el debate comience la próxima semana para que en contadas semanas se le dé su aprobación final.
La ponencia llevará las firmas de los ponentes, Juan Fernando Cristo del partido Liberal, Hernán Andrade del partido Conservador, Helmer Hurtado del PIN, Roy Barreras de la ‘U’ y Jorge Londoño del Partido Verde.